Colusion: esto si tiene nombre

Hablemos claro. Haciendo a un lado los análisis más académicos acerca del porqué de la colusión, tenemos que las principales cadenas de farmacias del país fijaron concertadamente y al alza los precios de una lista de medicamentos cuyo consumo (como es el caso de los anticonceptivos o los usados en el tratamiento de enfermedades crónicas) dista mucho de ser un acto voluntario. Este hecho, que es grave por donde usted lo analice, no solamente afecta a los consumidores sino que afecta a todos.

Vamos por parte.

Los Directorios de las empresas involucradas afirman no conocer de tales maniobras. Eso no los exculpa, sino que los revela como incapaces para detentar los cargos que ostentan. Los Directorios no son clubes, excelentemente remunerados, de personas que se reúnen de vez en cuando para departir algunas ideas generales acerca de la empresa que dirigen o para oír sin hacer preguntas incómodas las cuentas de los administradores. Los Directores están ahí por un acto de fe de los accionistas, que traicionan cuando llevado por el entusiasmo de un buen resultado, renuncian a pesquisar el porqué de esas cifras o el real estado de la empresa.

La colusión encubre procesos productivos ineficientes, guiados por personas que han sido incapaces de crear formas más baratas y eficientes de administrar y que, en la renuncia de tales propósitos, han optado (porque la colusión no es un accidente sino una decisión) por maniobras concertadas y mañosas para aparentar buenos resultados y presentarlos como testimonio de una forma de hacer las cosas que no es tal. Así, al final del día acaba siendo un engaño a los accionistas que solo es posible con directorios displicentes, poco comprometidos con los intereses que debieran cautelar, convertidos en meros buzones donde cada cierto tiempo se depositan los balances.

El daño a los consumidores es, tal vez, el más visible y el más cobarde. En la venta de medicamentos, especialmente de aquellos que no se pueden privar sin grave riesgo para la salud del paciente, las personas carecen de otras opciones y muchas veces la especificidad de las dolencias exige precisión milimétrica en la prescripción de los remedios. El sobreprecio que millones de compatriotas han pagado por medicinas que en un esquema de libre mercado necesariamente habrían sido más baratas, sumado al daño en la salud de todos aquellos a los cuales el mayor valor no les permitió adquirirlos, será por mucho tiempo fuente de rabia e indignación colectiva contra estas empresas y sus malas prácticas.

Y finalmente, la pérdida de fe pública en el mercado acaba siendo una de las más irreparables. Aunque hayan sido las aplaudidas pesquisas de la Fiscalía Nacional Económica las que hayan forzado la cuasi-confesión de FASA, ahora la opinión pública tiene justo motivo de creer que esta situación podría no ser la única y que, en un mercado donde los directores de empresas son un club más bien pequeño de personas con formación y visiones muy similares, tales prácticas podrían repetirse en otros rubros.

En este trance, probablemente solo la Fiscalía Nacional Económica pasa el examen, de la mano del nuevo enfoque entregado por su máxima autoridad. Los demás, de momento han reprobado y no está claro que con el repechaje puedan aprobar.